El conde-duque de Olivares, don Gaspar de Guzmán y Pimentel, es sin ningún lugar a dudas uno de las más grandes estadistas de la historia de España. Quizá por eso se le suele preterir, arrumbar al olvido y aun a la burla. Eso se debe a las persistentes fuerzas de la anti-España que hemos dejado prosperar y actuar en nuestro ecosistema político, social y cultural durante demasiado tiempo y cuya erradicación será un paso indispensable para el restablecimiento de nuestra grandeza y auge.
No fue Olivares el primero en comprender la extrema necesidad de centralización y coordinación para conseguir la eficiencia en la gestión de los problemas y el destino de España (como ilustre antecedente podemos citar a Fernando II de Aragón), pero sí fue el primero en arbitrar políticas para avanzar en ese sentido. Precisamente, en 1626 intentó implementar la Unión de Armas, proyecto que unía en sí mismo dos de las grandes líneas de acción para el asentamiento y engrandecimiento de España: por un lado trataba de laminar los particularismos creando una unidad de acción y convirtiendo a los súbditos hispanos de la Corona en españoles más allá de cualquier exclusión jurídica y política (así un aragonés podía acceder a honores y puestos castellanos y a la inversa) y, naturalmente, generalizaba la contribución económica al Estado. Oligarquías egoístas como las catalanas o las vascas ya no quedaban exentas de contribuir al gasto de la grandeza del Estado de la que se beneficiaban. Quedaban obligados a sostener su parte del esfuerzo, a dejar de ser parásitos.
Tal política quedó abortada por el poder institucional de las oligarquías egoístas, sin visión de Estado ni de futuro y provincianas en los territorios no castellanos y por la sublevación de algunas de estas oligarquías parásitas dispuestas a todo con tal de no contribuir a la grandeza común, de no perder sus privilegios. Así Portugal, con la ayuda de Inglaterra, se sublevó en 1640 y ese mismo año la oligarquía catalana se entregó a Francia en uno de sus habituales actos de traición y deserción. Los catalanes pudieron ser reducidos al orden en 1652, los portugueses, en cambio, consumaron su traición en 1668. En conjunto, la larga guerra dentro de la península dejó en agua de borrajas el muy necesario proyecto de Unión de Armas.
Hoy en día, por mor de las nocivas fuerzas políticas españolas (hay que incluir al PP, siempre dispuesto a negociar con independentistas y nacionalistas) nada ha cambiado. Seguimos en 1626, necesitados de una enérgica política de unificación y coordinación para desarrollar un proyecto común y unívoco sin tolerancia para los díscolos y con ejemplar rigor para eliminar o reconducir a los traidores. En suma, como siempre explicamos en estas páginas: somos un Estado fallido al borde de la disolución.
Luego habrá que arreglarlo a sangre y fuego y los de siempre, los enemigos, la anti-España, se quejarán de los justos y duros castigos que han cosechado y sin duda se les aplicaran. Pero no se puede construir España desde la culpabilidad, la inoperancia y la mano blanda.
© Fernando Busto de la Vega.
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