REPRESENTACIÓN DE EUNOMÍA, LA DIOSA DEL BUEN GOBIERNO QUE JUNTO CON EIRENÉ (PAZ) Y DIKÉ (JUSTICIA) REPRESENTAN LA TRÍADA TUTELAR DE LA VERDADERA POLÍTICA.
Las ideologías son cánceres sociales que las estructuras fácticas (partidos, sindicatos, asociaciones y los poderes que las manipulan en la sombra) utilizan para dividir a los pueblos y poder manipularlos y controlarlos. Son, de hecho, la antipolítica.
La única y verdadera función de la política es la convivencia. Es la fórmula para superar las diferencias, para encontrar la forma de conciliar intereses contrapuestos, de repartir con justicia y eficacia bienes limitados (desde riqueza a magistraturas), de asegurar la paz general y el mejor desarrollo de las vidas de los ciudadanos desde su infancia (donde deben disponer de una educación universal y estrictamente moral, lo que no significa ni moralista ni puritana, y los medios económicos necesarios para su crecimiento saludable) hasta su vejez. Por lo tanto, la verdadera función de la política es la de buscar soluciones razonables que permitan la convivencia en las mejores condiciones sociales, morales y económicas posibles. Todo lo demás (capitalismo, socialismo, liberalismo, comunismo, anarquismo de izquierda y derecha, feminismo, ecologismo, independentismo…todos los ismos que permitan la faccionalización del cuerpo social y cívico) son herramientas de los tiranos, de los enemigos del pueblo y de la nación para sojuzgarla y someterla a intereses privados, a sectas y grupos de poder (a menudo extranjeros) incompatibles con la unidad y concordia nacionales. Quienes las defienden y propagan deben ser considerados enemigos del pueblo y ejecutados de inmediato.
Los fanáticos del parlamentarismo liberal sostienen que en las cámaras, donde encuentran representación los partidos y eco los sindicatos y activistas que articulan sus diversas ideologías para asentar su poder y sojuzgar al pueblo, personifican la soberanía popular. Nada más falso. Un ámbito institucional dispuesto para la confrontación y la infiltración de lobbies ni es democrático ni puede considerarse sede de la soberanía popular, solo un instrumento de la demagogia y las oligarquías corruptas.
La democracia y la política verdaderas deben transitar al margen de las ideologías y el activismo. La verdadera función de la política es encontrar medios de alcanzar la mejor, más próspera y más positiva convivencia entre los ciudadanos, el camino de la conciliación, la moderación y la razón. Acabemos ya con las siglas e ideologías que nos dividen, asesemos y alcancemos nuestra mayoría de edad como sociedad. Al próximo activista que conozcáis, al próximo sindicalista, propagandista o afiliado que se os acerque, escupidle en la cara. Servid para algo, tomad de una vez las riendas de vuestro futuro.
Estamos asistiendo a un fenómeno significativo y muy interesante.
En el marco de las protestas de los agricultores españoles las asociaciones mayoritarias de estos (COAG, ASAJA y UPA) se han visto desbordadas por otra hasta ahora marginal y despreciada por los sucesivos gobiernos hasta el punto que el actual se niega a recibirles por no pertenecer al marco vertical y perfectamente domesticado establecido por el ilegítimo régimen de 1978 (y sus políticos intrusos).
La realidad está empezando a desbordar al escenario y la coreografía institucional.
Durante décadas, e inconcebiblemente, la población (les falta mucho para ser considerados ciudadanos) ha comulgado con el teatrillo institucional, el corralito establecido por nuestros amos coloniales en el que toda disensión queda amortiguada por el consenso interno de la oligarquía cleptocrática dominante y las cúpulas beneficiadas de las distintas asociaciones.
No nos equivoquemos, entre los llamados sindicatos de clase ha sucedido igual. Al menos desde el abandono de su escaño por Nicolás Redondo padre en 1987, UGT,CCOO, CSIF (en el mundo funcionarial) y últimamente en muchos sectores incluso la CGT, se han comportado como sindicatos verticales y complacientes empeñados en dos tareas principales: contentar al poder establecido y beneficiar a una cierta generación en detrimento de las venideras. Casi todos los logros sociales de aquella generación de la transición los vamos a pagar con creces los que venimos detrás. Es por eso, entre otras cosas, que acabaremos viviendo peor que nuestros padres.
Esa masa generacional seguirá rindiendo beneficios demográficos y electorales al ilegítimo régimen durante algunas décadas más, no en balde la esperanza de vida en nuestro país es ridículamente elevada (desear una vejez prolongada refocilándose en el propio deterioro y en convertirse en una carga inerme es inmoral y despreciable además de ridículo), y esta rémora generacional continuará soportando un régimen pernicioso e ilegítimo básicamente perjudicial para el resto. Una vez más, seremos los demás, los que venimos detrás, quienes deberemos pagar el egoísmo y la ceguera de esa generación.
Ahora bien, en el ámbito laboral dicha generación está llegando al final de su vida útil. Pronto serán historia, pensionistas…y los sindicatos que han protegido sus privilegios a costa de penalizar a las generaciones que vienen detrás se enfrentarán a una pérdida de apoyo, de legitimidad…¿Qué sucederá entonces?
Las viejas estructuras se resquebrajan. Convendría ir organizando las nuevas, prevenir el futuro y ser sus protagonistas, no sus espectadores.
Desgraciadamente, la mayor parte de vosotros sois chusma. Ergo nos volverán a crear un futuro que beneficie a los de siempre. Cambiarán las siglas, se mantendrá la pirámide. Es triste.
La idea, en principio, no es mala. Diré más: resulta absolutamente necesaria. Eso de evaluar a los funcionarios y condicionar sus ascensos y la permanencia en sus puestos directamente con el cumplimiento de sus funciones no puede discutirse como parámetro radical y necesario para avivar la imprescindible utilidad y funcionalidad burocrática del Estado (entendiendo este como la integridad de sus servicios tanto centrales como autonómicos, municipales y periféricos).
De hecho, los ingenuos estarán muy contentos con lo que el Gobierno ha publicado hoy, 20 de diciembre de 2023, en el BOE en relación con las evaluaciones de desempeño de los funcionarios.
Los que, como se dice vulgarmente, tenemos el culo pelado en el servicio público y aquellos que se encuentren más al cabo de la calle aplaudiremos menos. Para no mentir: levantaremos una ceja escéptica y esbozaremos una sonrisa sarcástica.
Esas pruebas de evaluación, tal y como están las cosas, tal y como funciona la burocracia española, con todas las pequeñas tiranías y taifas instaladas a lo largo y ancho de los escalafones y los organismos y con la perpetua interferencia política de uno y otro signo en continua expansión y colonización privada (partidista y lobista) del espacio público solo representan un instrumento más de manipulación, corrupción, prevaricación, favoritismo y arbitrariedad que empeorará el servicio público perpetuando su progresiva y acelerada decadencia que será una de las causas más directas e inmediatas de la deriva de España hacia la condición de Estado fallido.
No nos engañemos: la burocracia española, y esto es más cierto cuanto más periférica, es un coto del amiguismo, del nepotismo y de la corrupción más o menos encubierta, también de círculos de intereses más o menos confesados (de clase, de partido, de confesión, de favores mutuos, de enchufismo) que se enfrentan al propio Estado y a otros círculos de intereses para conseguir taifas en las que ejercer su tiranía y apesebrarse. Es así. Quien diga lo contrario o miente intencionadamente o ignora la realidad.
Por supuesto, los sindicatos mayoritarios (que ejercen como verticales y correas de transmisión de sectores políticos e intereses privados mucho más vehemente y eficazmente que los propios sindicatos verticales franquistas) han reclamado su papel en el nuevo sistema. Ellos dicen que para evitar arbitrariedades, en realidad, lo sabemos todos, para imponer las propias. Desde hace décadas los sindicatos han dejado de representar a los trabajadores para erigirse en gremios cerrados especializados en la defensa de los privilegios de determinados grupos y hasta generaciones. En ese sentido hemos regresado a la Edad Media y no somos un país moderno, sino una monarquía bananera donde los propios sindicatos contribuyen, con su afán de poder, subvenciones y colocación de propios en todo el organigrama burocrático, a la acentuada decadencia que padecemos.
Lo decimos siempre: el régimen ilegítimo y corrupto de 1978 nos conduce a la destrucción y absolutamente todos las facciones acomodadas en él son igualmente corruptas, ilegítimas y decadentes.
De modo que no hay que alegrarse por el supuesto avance que suponen estas evaluaciones anuales de los funcionarios. Nos encontramos, sencillamente, ante otro instrumento más de prevaricación, arbitrariedad y tiranía encubierta, un paso más en el asentamiento de las taifas burocráticas que carcomen nuestro sistema burocrático: necesario, pero podrido hasta la médula y necesitado de la misma profunda limpieza que los demás ámbitos del Estado (político, sindical, judicial, periodístico, empresarial y bancario…)
Hay cosas que suceden todos los días y que no suelen contarse, de hecho se silencian porque conviene mantener la falsa fachada de que vivimos en un Estado democrático en el que se respetan los derechos y las libertades de los individuos y no en una estructura progresivamente más totalitaria en la que solo las opiniones y el poder de unos cuantos importan debiendo todos los demás callar y obedecer ante las imposiciones fácticas que abarcan desde la corrupción flagrante al intento de imponer una ideología determinada pasando por el lucro parasitario de los sindicatos verticales del actual régimen.
Un día estás tranquilamente cumpliendo las funciones de tu puesto de trabajo en una administración pública que es la que te paga y aparece una jefecilla de tres al cuarto que ni siquiera está en la línea jerárquica que a ti te afecta y empieza a darte órdenes y encargarte acciones diversas ajenas a tus funciones. Cuando las analizas te das cuenta de que está movilizándote en nombre de unas siglas sindicales que te oculta (aunque tú sabes perfectamente cuales son, porque nos conocemos todos) y que está erigiéndose, en palabros forgianos, en barandafuhrer de su sindicato mayoritario cuyos negociadores (y negociadoras) has visto compadrear semanalmente con otros similares y de la patronal en un contubernio pomposamente denominado Mesa de Diálogo Social que se dedica, básicamente, a ejercer de órgano sindical vertical para que unos y otros acaparen las subvenciones del Estado y establezcan las cuotas de sus afiliados a colocar dentro de la administración pública progresivamente colonizada por ellos en detrimento del bien común, y que está tratando de utilizar, autoritariamente y de forma torticera, sin explicarte lo que estás haciendo y tratando de hacerte creer que se trata de labores propias de tu puesto al servicio público, tu fuerza de trabajo en beneficio de las movilizaciones feminazis del 8 de marzo.
Cuando, naturalmente, la mandas a escaparrar (locución aragonesa que literalmente significa quitar garrapatas al ganado y figuradamente irse a hacer puñetas) llegan los malos modos, las amenazas de sanción, el rechinar de dientes y cadenas…hasta los insultos. Y lo preocupante es que te pueden empapelar porque las mentiras que cuente esa jefecilla sindicada siempre van a contar más que las verdades incómodas y la defensa de la libertad personal y de conciencia del funcionario extorsionado.
El totalitarismo, como en los peores escenarios del nazismo o el comunismo, ha llegado a la administración pública española, especialmente las autonómicas, y ya se está estableciendo un Estado a la búlgara, eso sí…callando, callandito…con nocturnidad, alevosía y mucha hipocresía.
Hoy en día fichar diariamente en una administración pública es una invitación a la sumisión muda o a la resistencia activa con todos los riesgos que esta conlleva en un régimen totalitario y en muchos casos de índole feudal y clientelar.
Hay que decirlo, hay que comenzar la lucha por la libertad. Yo ya lo he hecho.
Los Gobiernos españoles, nacionales, autonómicos o municipales, sea cual sea el partido o coalición que los dirija, son púlpitos publicitarios donde se predica constantemente al modo goebeliano, pero se reparte poco trigo. No debe extrañarnos. Entre los políticos unos vienen acostumbrados a las vacuas predicaciones eclesiásticas y otros a las interminables y soporíferas peroratas marxistas y todos, sin excepción, están en manos de «gabinetes de comunicación» especializados en bonitos discursos engañabobos llenos de lugares comunes que no quieren decir nada.
Nuestros políticos hablan mucho, dicen poco y no hacen nada (salvo extender la corrupción y conducirnos a la condición de estado fallido). Así funciona España.
Ahora anda el Gobierno de Sánchez pergeñando un cacareado plan de ahorro y eficiencia energética para la administración central que, a buen seguro, copiarán más o menos al pie de la letra las administraciones inferiores. Nada que objetar si realmente llegara a cumplir su función.
EL PLAN DE AHORRO DE 2008
Desgraciadamente, no lo hará.
No hace tanto, a causa de la crisis de 2008, se impusieron otros planes similares y yo, que trabajaba en la administración, recuerdo perfectamente como funcionaron.
El plan de ahorro consistía en que en la planta noble, donde estaban los despachos de los jefazos, se podía andar en manga corta en pleno mes de enero mientras en el resto de las plantas los funcionarios tenían que trabajar con abrigo, guantes, bufanda, gorro y hasta orejeras a causa del frío porque, para ahorrar, se les cortaba la calefacción. Lo mismo sucedía en verano: los jefes disponían de aire acondicionado y los demás, sudaban la gota gorda a menudo en edificios cuyas ventanas no siempre podían abrirse.
En España se ahorra así. Y luego dicen que no hay clases y que se pretende tender hacia el igualitarismo sin dejar nadie atrás…Pero la estructura del Estado es precisamente la más clasista y desigual. No olvidemos que muchos de los más altos estratos de la administración pública española, que no en balde se estructura piramidalmente, se cubren por pura y simple cooptación dentro de estrechos círculos de nepotismo y clase social. Hay puestos que no se alcanzan si no se ha estudiado en los jesuitas o no se pertenece a tal o cual corporación (ideológica, religiosa o sindical) o no se paga peaje a quien controla los accesos. Todo lo demás es pura demagogia. Y, claro, aunque el discurso sea uno, los efectos reales a todos los niveles son otros. Y dos efectos básicos de este estado de cosas son el clasismo feroz y la incompetencia más insidiosa y supina (los cayetanos, aunque sean de alpargata y segunda división, nunca han servido para nada. Las naciones las han construido y mantenido siempre los que vienen de abajo y saben como funciona el mundo en realidad).
SOBRE LA DIGITALIZACIÓN
Y, ya que estamos metidos en harina sobre cómo funciona realmente España, no estará de más que dediquemos un pequeño espacio a la digitalización de la administración pública.
Nos hablan de modernización, de mejora de los servicios…la típica prédica, ya la conocemos. El Estado en España, lo repito, es un enorme púlpito desde el que se profieren constantes mentiras para apaciguar a una ciudadanía concebida como rebaño y generalmente muy mal informada por no decir escasamente formada, lo que, desgraciadamente, es más cierto en las franjas de menor edad. Ignorancia que sigue intensificándose y fomentándose a través de las desastrosas y maquiavélicas reformas educativas que padecemos.
Si el Estado español estuviera concebido para cumplir su función y fuera eficiente, nada habría que oponer a la digitalización, pero todos sabemos de la incompetencia de los funcionarios (especialmente los situados más arriba en el escalafón y procedentes, como hemos explicado, de determinados grupos sociales, muchos de ellos «patas negras» de tradición familiar y enchufe disimulado) y de la naturaleza artera del Estado que no se concibió nunca para el beneficio de la ciudadanía sino como estructura de poder de los de siempre sobre los de siempre.
La digitalización, mal llevada, peor implementada y vergonzosamente desarrollada viene, y vendrá, a ser una excusa para hurtar servicios al ciudadano. En la pandemia lo hemos visto ya (teléfonos que no se respondían, páginas web bloqueadas…)
En conjunto el proceso viene a recordarme al de comarcalización de Aragón.
En el ápice de dicho proceso trabajaba yo en los Servicios Sociales de la Diputación General de Aragón (socialistas y peperos se empeñan en denominarla Gobierno de Aragón para limitar su significado histórico) y pude comprobar, desde mi modesta posición, los efectos de dicha comarcalización que, por cierto, cursó sin poner en jaque a las diputaciones provinciales, no fuera a ser que alguien se quedase sin sinecura. En resumidas cuentas consistió en transferir las competencias, pero no la financiación, a las delegaciones comarcales. De este modo, si alguien acudía a los servicios provinciales se le remitía a los comarcales con la excusa de haberse transferido las competencias y en los servicios comarcales los ciudadanos eran incluidos en listas de espera que nunca terminarían porque se carecía de financiación para implementar los servicios, de modo que el resultado final fue que el gobierno podía presumir propagandísticamente de su enorme compromiso social y territorial, pero, en la práctica, había suprimido los servicios al ciudadano ahorrando un dinero cuyo destino final fue siempre más que dudoso. España funciona así. No es un Estado al servicio del pueblo, es una estructura parásita y cicatera que, mande quien mande, tiene una simple función extractiva y represiva. Lo demás son cuentos.
La digitalización, y lo hemos visto ya, seguirá ese mismo camino: sustraer los servicios y el acceso a la administración del ciudadano mientras los gobiernos sacan pecho hablando de modernización y demás zarandajas.
SOBRE LA LUCHA CONTRA LA TEMPORALIDAD
He aquí otra milonga del Estado.
Nos cuentan ahora que la voluntad de la administración es luchar contra la interinidad en sus filas.
Es preciso advertir que toman la iniciativa presionados por Bruselas y con la firme intención de burlar las órdenes recibidas desde Europa.
No nos engañemos: en esto, como en todo, el Estado español es un ente feroz de explotación laboral y un nido de peligrosos trileros de mentalidad franquista (si bien ahora el antiguo «sindicato vertical» ha sido sustituido por los llamados «agentes sociales»: los sindicatos y la patronal funcionando con la misma dinámica verticalista de antaño solo que camuflada en siglas y facciones en competición por los recursos emanados del Estado).
En efecto: los sindicatos mayoritarios han asumido el papel de los verticales franquistas y se han constituido en parásitos de ese Estado extractivo y represor beneficiando a sus propios cuadros sin preocuparse en modo alguno por la clase obrera o la ciudadanía en general.
Cuando derribemos el ilegítimo y ya prácticamente fallido Estado español e instauremos el renovado que necesitamos para ganar el futuro, los sindicatos no deberán escapar ni a la demolición ni a los castigos por alta traición de quienes nos han conducido al desastre.
En suma, y para resumir, lo de la «lucha contra la temporalidad» en la administración pública consiste en que las administraciones centrales, autonómicas y municipales puedan librarse, mediante legislación y «procesos de estabilización» amañados, de los empleados interinos que llevan a menudo dos décadas o más trabajando para ellas y tienen derecho a trienios, sexenios y demás para sustituirlos por otros más baratos favoreciendo en el proceso tanto a los candidatos procedentes de la protección nepotista de los estratos superiores como a los cuadros de los sindicatos mayoritarios.
Una estafa más.
España funciona así. No hay que darle más vueltas.
FERNANDO BUSTO DE LA VEGA BLOG 