Hay cosas que suceden todos los días y que no suelen contarse, de hecho se silencian porque conviene mantener la falsa fachada de que vivimos en un Estado democrático en el que se respetan los derechos y las libertades de los individuos y no en una estructura progresivamente más totalitaria en la que solo las opiniones y el poder de unos cuantos importan debiendo todos los demás callar y obedecer ante las imposiciones fácticas que abarcan desde la corrupción flagrante al intento de imponer una ideología determinada pasando por el lucro parasitario de los sindicatos verticales del actual régimen.
Un día estás tranquilamente cumpliendo las funciones de tu puesto de trabajo en una administración pública que es la que te paga y aparece una jefecilla de tres al cuarto que ni siquiera está en la línea jerárquica que a ti te afecta y empieza a darte órdenes y encargarte acciones diversas ajenas a tus funciones. Cuando las analizas te das cuenta de que está movilizándote en nombre de unas siglas sindicales que te oculta (aunque tú sabes perfectamente cuales son, porque nos conocemos todos) y que está erigiéndose, en palabros forgianos, en barandafuhrer de su sindicato mayoritario cuyos negociadores (y negociadoras) has visto compadrear semanalmente con otros similares y de la patronal en un contubernio pomposamente denominado Mesa de Diálogo Social que se dedica, básicamente, a ejercer de órgano sindical vertical para que unos y otros acaparen las subvenciones del Estado y establezcan las cuotas de sus afiliados a colocar dentro de la administración pública progresivamente colonizada por ellos en detrimento del bien común, y que está tratando de utilizar, autoritariamente y de forma torticera, sin explicarte lo que estás haciendo y tratando de hacerte creer que se trata de labores propias de tu puesto al servicio público, tu fuerza de trabajo en beneficio de las movilizaciones feminazis del 8 de marzo.
Cuando, naturalmente, la mandas a escaparrar (locución aragonesa que literalmente significa quitar garrapatas al ganado y figuradamente irse a hacer puñetas) llegan los malos modos, las amenazas de sanción, el rechinar de dientes y cadenas…hasta los insultos. Y lo preocupante es que te pueden empapelar porque las mentiras que cuente esa jefecilla sindicada siempre van a contar más que las verdades incómodas y la defensa de la libertad personal y de conciencia del funcionario extorsionado.
El totalitarismo, como en los peores escenarios del nazismo o el comunismo, ha llegado a la administración pública española, especialmente las autonómicas, y ya se está estableciendo un Estado a la búlgara, eso sí…callando, callandito…con nocturnidad, alevosía y mucha hipocresía.
Hoy en día fichar diariamente en una administración pública es una invitación a la sumisión muda o a la resistencia activa con todos los riesgos que esta conlleva en un régimen totalitario y en muchos casos de índole feudal y clientelar.
Hay que decirlo, hay que comenzar la lucha por la libertad. Yo ya lo he hecho.
Los Gobiernos españoles, nacionales, autonómicos o municipales, sea cual sea el partido o coalición que los dirija, son púlpitos publicitarios donde se predica constantemente al modo goebeliano, pero se reparte poco trigo. No debe extrañarnos. Entre los políticos unos vienen acostumbrados a las vacuas predicaciones eclesiásticas y otros a las interminables y soporíferas peroratas marxistas y todos, sin excepción, están en manos de “gabinetes de comunicación” especializados en bonitos discursos engañabobos llenos de lugares comunes que no quieren decir nada.
Nuestros políticos hablan mucho, dicen poco y no hacen nada (salvo extender la corrupción y conducirnos a la condición de estado fallido). Así funciona España.
Ahora anda el Gobierno de Sánchez pergeñando un cacareado plan de ahorro y eficiencia energética para la administración central que, a buen seguro, copiarán más o menos al pie de la letra las administraciones inferiores. Nada que objetar si realmente llegara a cumplir su función.
EL PLAN DE AHORRO DE 2008
Desgraciadamente, no lo hará.
No hace tanto, a causa de la crisis de 2008, se impusieron otros planes similares y yo, que trabajaba en la administración, recuerdo perfectamente como funcionaron.
El plan de ahorro consistía en que en la planta noble, donde estaban los despachos de los jefazos, se podía andar en manga corta en pleno mes de enero mientras en el resto de las plantas los funcionarios tenían que trabajar con abrigo, guantes, bufanda, gorro y hasta orejeras a causa del frío porque, para ahorrar, se les cortaba la calefacción. Lo mismo sucedía en verano: los jefes disponían de aire acondicionado y los demás, sudaban la gota gorda a menudo en edificios cuyas ventanas no siempre podían abrirse.
En España se ahorra así. Y luego dicen que no hay clases y que se pretende tender hacia el igualitarismo sin dejar nadie atrás…Pero la estructura del Estado es precisamente la más clasista y desigual. No olvidemos que muchos de los más altos estratos de la administración pública española, que no en balde se estructura piramidalmente, se cubren por pura y simple cooptación dentro de estrechos círculos de nepotismo y clase social. Hay puestos que no se alcanzan si no se ha estudiado en los jesuitas o no se pertenece a tal o cual corporación (ideológica, religiosa o sindical) o no se paga peaje a quien controla los accesos. Todo lo demás es pura demagogia. Y, claro, aunque el discurso sea uno, los efectos reales a todos los niveles son otros. Y dos efectos básicos de este estado de cosas son el clasismo feroz y la incompetencia más insidiosa y supina (los cayetanos, aunque sean de alpargata y segunda división, nunca han servido para nada. Las naciones las han construido y mantenido siempre los que vienen de abajo y saben como funciona el mundo en realidad).
SOBRE LA DIGITALIZACIÓN
Y, ya que estamos metidos en harina sobre cómo funciona realmente España, no estará de más que dediquemos un pequeño espacio a la digitalización de la administración pública.
Nos hablan de modernización, de mejora de los servicios…la típica prédica, ya la conocemos. El Estado en España, lo repito, es un enorme púlpito desde el que se profieren constantes mentiras para apaciguar a una ciudadanía concebida como rebaño y generalmente muy mal informada por no decir escasamente formada, lo que, desgraciadamente, es más cierto en las franjas de menor edad. Ignorancia que sigue intensificándose y fomentándose a través de las desastrosas y maquiavélicas reformas educativas que padecemos.
Si el Estado español estuviera concebido para cumplir su función y fuera eficiente, nada habría que oponer a la digitalización, pero todos sabemos de la incompetencia de los funcionarios (especialmente los situados más arriba en el escalafón y procedentes, como hemos explicado, de determinados grupos sociales, muchos de ellos “patas negras” de tradición familiar y enchufe disimulado) y de la naturaleza artera del Estado que no se concibió nunca para el beneficio de la ciudadanía sino como estructura de poder de los de siempre sobre los de siempre.
La digitalización, mal llevada, peor implementada y vergonzosamente desarrollada viene, y vendrá, a ser una excusa para hurtar servicios al ciudadano. En la pandemia lo hemos visto ya (teléfonos que no se respondían, páginas web bloqueadas…)
En conjunto el proceso viene a recordarme al de comarcalización de Aragón.
En el ápice de dicho proceso trabajaba yo en los Servicios Sociales de la Diputación General de Aragón (socialistas y peperos se empeñan en denominarla Gobierno de Aragón para limitar su significado histórico) y pude comprobar, desde mi modesta posición, los efectos de dicha comarcalización que, por cierto, cursó sin poner en jaque a las diputaciones provinciales, no fuera a ser que alguien se quedase sin sinecura. En resumidas cuentas consistió en transferir las competencias, pero no la financiación, a las delegaciones comarcales. De este modo, si alguien acudía a los servicios provinciales se le remitía a los comarcales con la excusa de haberse transferido las competencias y en los servicios comarcales los ciudadanos eran incluidos en listas de espera que nunca terminarían porque se carecía de financiación para implementar los servicios, de modo que el resultado final fue que el gobierno podía presumir propagandísticamente de su enorme compromiso social y territorial, pero, en la práctica, había suprimido los servicios al ciudadano ahorrando un dinero cuyo destino final fue siempre más que dudoso. España funciona así. No es un Estado al servicio del pueblo, es una estructura parásita y cicatera que, mande quien mande, tiene una simple función extractiva y represiva. Lo demás son cuentos.
La digitalización, y lo hemos visto ya, seguirá ese mismo camino: sustraer los servicios y el acceso a la administración del ciudadano mientras los gobiernos sacan pecho hablando de modernización y demás zarandajas.
SOBRE LA LUCHA CONTRA LA TEMPORALIDAD
He aquí otra milonga del Estado.
Nos cuentan ahora que la voluntad de la administración es luchar contra la interinidad en sus filas.
Es preciso advertir que toman la iniciativa presionados por Bruselas y con la firme intención de burlar las órdenes recibidas desde Europa.
No nos engañemos: en esto, como en todo, el Estado español es un ente feroz de explotación laboral y un nido de peligrosos trileros de mentalidad franquista (si bien ahora el antiguo “sindicato vertical” ha sido sustituido por los llamados “agentes sociales”: los sindicatos y la patronal funcionando con la misma dinámica verticalista de antaño solo que camuflada en siglas y facciones en competición por los recursos emanados del Estado).
En efecto: los sindicatos mayoritarios han asumido el papel de los verticales franquistas y se han constituido en parásitos de ese Estado extractivo y represor beneficiando a sus propios cuadros sin preocuparse en modo alguno por la clase obrera o la ciudadanía en general.
Cuando derribemos el ilegítimo y ya prácticamente fallido Estado español e instauremos el renovado que necesitamos para ganar el futuro, los sindicatos no deberán escapar ni a la demolición ni a los castigos por alta traición de quienes nos han conducido al desastre.
En suma, y para resumir, lo de la “lucha contra la temporalidad” en la administración pública consiste en que las administraciones centrales, autonómicas y municipales puedan librarse, mediante legislación y “procesos de estabilización” amañados, de los empleados interinos que llevan a menudo dos décadas o más trabajando para ellas y tienen derecho a trienios, sexenios y demás para sustituirlos por otros más baratos favoreciendo en el proceso tanto a los candidatos procedentes de la protección nepotista de los estratos superiores como a los cuadros de los sindicatos mayoritarios.
Una estafa más.
España funciona así. No hay que darle más vueltas.
FERNANDO BUSTO DE LA VEGA BLOG 