La idea, en principio, no es mala. Diré más: resulta absolutamente necesaria. Eso de evaluar a los funcionarios y condicionar sus ascensos y la permanencia en sus puestos directamente con el cumplimiento de sus funciones no puede discutirse como parámetro radical y necesario para avivar la imprescindible utilidad y funcionalidad burocrática del Estado (entendiendo este como la integridad de sus servicios tanto centrales como autonómicos, municipales y periféricos).

De hecho, los ingenuos estarán muy contentos con lo que el Gobierno ha publicado hoy, 20 de diciembre de 2023, en el BOE en relación con las evaluaciones de desempeño de los funcionarios.

Los que, como se dice vulgarmente, tenemos el culo pelado en el servicio público y aquellos que se encuentren más al cabo de la calle aplaudiremos menos. Para no mentir: levantaremos una ceja escéptica y esbozaremos una sonrisa sarcástica.

Esas pruebas de evaluación, tal y como están las cosas, tal y como funciona la burocracia española, con todas las pequeñas tiranías y taifas instaladas a lo largo y ancho de los escalafones y los organismos y con la perpetua interferencia política de uno y otro signo en continua expansión y colonización privada (partidista y lobista) del espacio público solo representan un instrumento más de manipulación, corrupción, prevaricación, favoritismo y arbitrariedad que empeorará el servicio público perpetuando su progresiva y acelerada decadencia que será una de las causas más directas e inmediatas de la deriva de España hacia la condición de Estado fallido.

No nos engañemos: la burocracia española, y esto es más cierto cuanto más periférica, es un coto del amiguismo, del nepotismo y de la corrupción más o menos encubierta, también de círculos de intereses más o menos confesados (de clase, de partido, de confesión, de favores mutuos, de enchufismo) que se enfrentan al propio Estado y a otros círculos de intereses para conseguir taifas en las que ejercer su tiranía y apesebrarse. Es así. Quien diga lo contrario o miente intencionadamente o ignora la realidad.

Por supuesto, los sindicatos mayoritarios (que ejercen como verticales y correas de transmisión de sectores políticos e intereses privados mucho más vehemente y eficazmente que los propios sindicatos verticales franquistas) han reclamado su papel en el nuevo sistema. Ellos dicen que para evitar arbitrariedades, en realidad, lo sabemos todos, para imponer las propias. Desde hace décadas los sindicatos han dejado de representar a los trabajadores para erigirse en gremios cerrados especializados en la defensa de los privilegios de determinados grupos y hasta generaciones. En ese sentido hemos regresado a la Edad Media y no somos un país moderno, sino una monarquía bananera donde los propios sindicatos contribuyen, con su afán de poder, subvenciones y colocación de propios en todo el organigrama burocrático, a la acentuada decadencia que padecemos.

Lo decimos siempre: el régimen ilegítimo y corrupto de 1978 nos conduce a la destrucción y absolutamente todos las facciones acomodadas en él son igualmente corruptas, ilegítimas y decadentes.

De modo que no hay que alegrarse por el supuesto avance que suponen estas evaluaciones anuales de los funcionarios. Nos encontramos, sencillamente, ante otro instrumento más de prevaricación, arbitrariedad y tiranía encubierta, un paso más en el asentamiento de las taifas burocráticas que carcomen nuestro sistema burocrático: necesario, pero podrido hasta la médula y necesitado de la misma profunda limpieza que los demás ámbitos del Estado (político, sindical, judicial, periodístico, empresarial y bancario…)

En otras palabras: estamos bien jodidos.

Menos mal que todavía nos queda Forges.

© Fernando Busto de la Vega.