Estoy empezando a estar harto de leyes «progres» que tienen como función última limitar mi manera de pensar, lo que puedo decir o hacer o el modo en que debo comportarme. Al decir esto, y es un efecto secundario del pensamiento totalitario que anima a ciertos colectivos, muchos me tildarán ya de facha y de derechista. No lo soy (abjuro de todo sectarismo y me opongo a cualquier forma de tiranía, sea azul, verde o roja). Ahora, en los días que corren, la tiranía que más amenaza, la dictadura que va imponiéndose subrepticiamente, es la roja, por eso es esa la que hay que combatir en primer lugar.

Lo primero que debemos advertir es que el totalitarismo izquierdista no es en absoluto inocente y derivado de una ingenua sobreactuación de jóvenes idealistas exaltados. Nos enfrentamos a la vieja (data de 1945-1948) Táctica del Salami según la cual, rodaja a rodaja, los partidos comunistas se quedaron con la totalidad de los Estados donde fuerzas contrarias no lograron frenarlos. Y, por cierto, que no establecieron precisamente democracias ni llevaron libertad ni prosperidad a sus pueblos. Porque esa es otra: si te proclamas defensor del proletariado y en lugar de conducirlo a una era de prosperidad lo condenas a décadas de miseria, algo falla. Y para quién quiera enmendarme la plana en este punto, dos ejemplos: Cuba y Corea del Norte. Y en cuanto a la forma de tratar al pueblo y la libertad de los ciudadanos ahí están, sin agotar el elenco: las purgas de Stalin, los millones de muertos de Mao, Pol Pot…

Lo segundo es que ellos mismos saben que carecen de implantación, que la sociedad en su conjunto, salvo en escasísimo porcentaje decreciente, repudia sus imposiciones y está lejos de convertirse en su vía de ascenso al poder. Por ese motivo andan desesperados buscando ampliar sus bases electorales con todo género de clientelismos, desde el patrocinio que pretenden ejercer sobre el colectivo LGTBI (a cuyos miembros están lejos de favorecer con ello, solo a ciertos colectivos subvencionados y a radicales histéricos—o histériques— que perjudican con sus actos y declaraciones la convivencia pública y, por lo tanto, a los miembros de a pie de sus propios colectivos estigmatizados en su vida cotidiana por el fanatismo de los predicadores a sueldo del régimen), o las mujeres (cuya representación se limita a las alharacas de los grupúsculos organizados afines al poder adquirido por los izquierdistas), la idea absurda de reducir la edad de votación a los dieciséis años o de admitir toda una caterva de neodamois procedentes de la inmigración, y no suficientemente españolizados, en el censo electoral.

Saben que son minoritarios, pero están decididos a ocupar el poder, a utilizarlo para regar con subvenciones a sus organizaciones títeres e ir escalando peldaños hasta poder imponer su hegemonía indiscutible al modo más estalinista posible. Es así, la estrategia es clara para cualquiera que no sea estúpido.

Mientras tanto, limitan cuanto pueden la libertad de pensamiento y de palabra (no hay más que ver esa aberración doctrinal y totalitaria que es la Ley de Memoria Democrática que están imponiendo, o el modo en que se alían con los independentistas para permitirles imponer del mismo modo versiones aberrantes y falsas de la Historia para favorecer su conquista del poder estatal) y censuran el comportamiento social introduciendo leyes destinadas a hacer prevalecer dictatorialmente su ideología de género y otras similares y a dividir a la sociedad para crear un escenario artificial de buenos y malos en los que ellos, erigiéndose en adalides de los «buenos», puedan auparse al poder.

Hoy por hoy, y desde el desafortunado momento en que Rodríguez Zapatero alcanzó la presidencia del Gobierno en 2004, la izquierda representa un verdadero peligro de dictadura y está llevando a cabo un golpe de Estado paulatino. Evidentemente, es preciso frenarlo.

Desgraciadamente, dentro del ilegítimo régimen liberal que padecemos, esta certeza nos deja en manos de otro sectarismo no mucho mejor.

© Fernando Busto de la Vega.